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Ibagué - Tolima  

ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN A LA ENTIDAD

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE                                       

La Contraloría Municipal de Ibagué  ejerce el  control fiscal, con el fin de asegurar el manejo adecuado de los recursos públicos,  por parte de las entidades vigiladas en el marco legal y constitucional; con la participación activa de la ciudadanía, el fortalecimiento del talento humano y el mejoramiento continuo de los procesos del sistema integrado de gestión para satisfacer las necesidades de la comunidad y partes interesadas.  

 

      

Las entidades públicas deben adelantar las acciones pertinentes para realizar el monitoreo y evaluación del cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en línea, igualmente deberán adelantar las mediciones de impacto del uso y beneficio del Gobierno en línea en sus usuarios y/o ciudadanos, lo anterior de acuerdo con las metodologías y lineamientos respectivos definidos por el Ministerio TIC. Así mismo, y como complemento a la tarea de autoevaluación realizada por cada entidad, el Ministerio TIC adelantará acciones que permitan medir el avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, así como el uso, calidad e impacto de la prestación de los más importantes trámites y servicios en línea del Estado colombiano. Como resultado de este proceso de monitoreo y evaluación adelantado por cada entidad y por el Ministerio TIC, el Ministerio publicará periódicamente el Índice de Gobierno en línea, instrumento cuantitativo que mide el estado de avance de las entidades en la implementación de la Estrategia Gobierno en línea, teniendo como referencia los criterios definidos en el Manual para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea.

 

                                           

  • Velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley.

  • Defiende los intereses colectivos.

  • Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas para la defensa del orden orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales.

  • Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas de los servidores públicos y ejercer vigilancia sobre los procesos disciplinarios adelantados por la oficina de control interno.

  • Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la Administración y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos.

  • Orientar a la ciudadanía en sus relaciones con la administración , indicándoles la autoridad a la que debe dirigirse para la solución de sus problemas.

  • Velar por la efectividad del derecho de petición, para tal fin debe orientar debidamente a quienes deseen presentar una petición, recibir y solicitar que se tramiten las peticiones y recursos de que trata la Constitución y sus normas reglamentarias.

  • Poner en conocimiento de las autoridades competentes, los hechos que considere irregulares, a fin de que sean sancionados y/o corregidos.

  • Velar por los derechos humanos de las personas recluidas en los establecimientos carcelarios, psiquiátricos, hospitalarios, ancianatos, orfelinatos y similares.

  • Exigir de las autoridades municipales, las medidas necesarias para impedir la propagación de epidemias y asegurar la protección de la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de áreas de especial importancia.

  • Adelantar en coordinación con otras entidades, programas de educación y concientización sobre los Derechos Humanos, su guarda, promoción y los deberes fundamentales del hombre.

  • Rendir anualmente un informe al Concejo Municipal, sobre el cumplimiento de las tareas desarrolladas en razón a sus funciones o cuando este lo estime conveniente.

  • Presentar y /o coadyuvar las acciones populares y de tutela para la defensa de los derechos colectivos y fundamentales de la comunidad.                                                

 

 

Objetivos y funciones

La Procuraduría General de la Nación, es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías.

Conformada por cerca de 4 mil servidores, la Procuraduría tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a través de sus tres funciones misionales principales:

La función preventiva

Considerada la principal responsabilidad de la Procuraduría que esta empeñada en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.

La función de intervención

En su calidad de sujeto procesal la Procuraduría General de la Nación interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía. Su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales.

La función disciplinaria

La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario ó Ley 734 de 2002.

 

 

  • Determinar las políticas, principios y normas sobre contabilidad, que deben regir en el país para todo el sector público.
  • Establecer las normas técnicas generales y específicas, sustantivas y procedimentales, que permitan uniformar, centralizar y consolidar la Contabilidad Pública.
  • Llevar la Contabilidad General de la Nación, para lo cual expedirá las normas de reconocimiento, registro y revelación de la información de los organismos del sector central nacional.
  • Conceptuar sobre el sistema de clasificación de ingresos y gastos del Presupuesto General de la Nación, para garantizar su correspondencia con el Plan General de Contabilidad Pública. En relación con el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF-, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizará el desarrollo de las aplicaciones y el acceso y uso de la información que requiera el Contador General de la Nación para el cumplimiento de sus funciones.
  • Señalar y definir los Estados Financieros e Informes que deben elaborar y presentar las Entidades y Organismos del Sector Público, en su conjunto, con sus anexos y notas explicativas, estableciendo la periodicidad, estructura y características que deben cumplir.
  • Elaborar el Balance General, someterlo a la Auditoría de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso de la República, para su conocimiento y análisis por intermedio de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, dentro del plazo previsto por la Constitución Política.
  • Establecer los libros de contabilidad que deben llevar las Entidades y Organismos del Sector Público, los documentos que deben soportar legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas, y los requisitos que éstos deben cumplir.
  • Expedir las normas para la contabilización de las obligaciones contingentes de terceros que sean asumidas por la Nación, de acuerdo con el riesgo probable conocido de la misma, cualquiera sea la clase o modalidad de tales obligaciones, sin perjuicio de mantener de pleno derecho, idéntica la situación jurídica vigente entre las partes, en el momento de asumirlas.
  • Emitir conceptos y absolver consultas relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.
  • La Contaduría General de la Nación, será la autoridad doctrinaria en materia de interpretación de las normas contables y sobre los demás temas que son objeto de su función normativa.
  • Expedir las normas para la contabilización de los bienes aprehendidos, decomisados o abandonados, que Entidades u Organismos tengan bajo su custodia, así como para dar de baja los derechos incobrables, bienes perdidos y otros activos, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.
  • Impartir las normas y procedimientos para la elaboración, registro y consolidación del inventario general de los bienes del Estado.
  • Expedir los certificados de disponibilidad de los recursos o excedentes financieros, con base en la información suministrada en los estados financieros de la Nación, de las Entidades u Organismos, así como cualquiera otra información que resulte de los mismos.
  • Producir informes sobre la situación financiera y económica de las Entidades u Organismos sujetos a su jurisdicción.
  • Adelantar los estudios e investigaciones que se estimen necesarios para el desarrollo de la Ciencia Contable.
  • Realizar estudios económicos-financieros, a través de la Contabilidad Aplicada, para los diferentes sectores económicos.
  • Ejercer inspecciones sobre el cumplimiento de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.
  • Coordinar con los responsables del control interno y externo de las entidades señaladas en la ley, el cabal cumplimiento de las disposiciones contables.
  • Determinar las entidades públicas y los servidores de la misma responsables de producir, consolidar y enviar la información requerida por la Contaduría General de la Nación.
  • Imponer a las Entidades a que se refiere la presente Ley, a sus directivos y demás funcionarios, previas las explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las medidas o sanciones que sean pertinentes, por infracción a las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.
  • Establecer y desarrollar programas de capacitación, asesoría y divulgación, de las normas, procedimientos y avances de los estudios sobre contabilidad pública y temas relacionados.
  • Las demás que le confieran la Constitución Política y la ley.

 

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